Señalamientos por presuntos pagos irregulares a exfuncionarios en el gobierno estatal

La bancada del Partido Socialista en el Congreso de la Ciudad de México ha presentado una serie de cuestionamientos contra la administración de la gobernadora local, señalando presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. Según las acusaciones, el gobierno estatal habría designado y otorgado remuneraciones a exgobernadores de partidos opositores bajo esquemas que, a juicio de los legisladores socialistas, carecen de transparencia y justificación administrativa clara.

Los legisladores han solicitado formalmente una revisión detallada de las nóminas y contratos asignados en los últimos meses. Argumentan que estos nombramientos podrían constituir un uso discrecional del presupuesto, solicitando a los órganos de control interno que verifiquen si las funciones desempeñadas por dichas personas corresponden realmente a las responsabilidades públicas que les fueron encomendadas.

Por su parte, el equipo de comunicación social de la Jefatura de Gobierno ha defendido la legalidad de todas las designaciones realizadas hasta la fecha. En una postura oficial, aseguraron que cada uno de los nombramientos cumple estrictamente con el marco jurídico vigente y los reglamentos administrativos de la entidad, rechazando cualquier vinculación entre el origen partidista de los colaboradores y el ejercicio de sus funciones.

El debate se ha trasladado al recinto legislativo, donde la oposición ha propuesto la creación de una comisión especial que supervise los gastos de representación y las asesorías externas. La administración estatal, en respuesta, ha manifestado su disposición para entregar la documentación requerida ante las autoridades fiscalizadoras correspondientes, insistiendo en que todas las auditorías previas han validado el correcto manejo de los recursos públicos.