jueves, 3 de septiembre de 2026La historia, mientras todavía sucede.
México

Proyectan dividir la Suprema Corte en dos secciones para agilizar procesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una reestructuración interna para crear dos secciones especializadas que permitan desahogar el rezago judicial.

Redacción En Curso
Foto: jornada.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza actualmente una propuesta de reestructuración interna que contempla la creación de dos secciones diferenciadas dentro del máximo tribunal del país. Esta iniciativa busca optimizar los tiempos de resolución y desahogar el volumen de expedientes que ingresan a las salas de manera constante, atendiendo a la necesidad de una justicia más pronta y expedita para los ciudadanos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la administración del Poder Judicial, esta división permitiría que cada sección se especialice en materias específicas, facilitando el análisis profundo de los recursos y reduciendo la carga de trabajo que actualmente recae sobre el Pleno. La propuesta sugiere que, con este esquema, los asuntos de menor complejidad o aquellos que requieran una resolución técnica inmediata puedan ser atendidos con mayor agilidad sin sacrificar el rigor jurídico que caracteriza a la institución.

La implementación de este cambio requiere una revisión profunda de los reglamentos internos y las leyes orgánicas que rigen al Poder Judicial. Aunque el proyecto se encuentra en una etapa de análisis preliminar, los integrantes de la Corte han expresado la importancia de modernizar los procesos de trabajo para responder a las exigencias actuales del sistema de justicia en México, siempre respetando la autonomía constitucional del tribunal.

Este planteamiento surge en un contexto donde el Poder Judicial enfrenta el reto de actualizar su capacidad operativa frente al incremento de litigios constitucionales. Se prevé que, en las próximas semanas, los magistrados y ministros continúen con las mesas de trabajo para definir los alcances, la viabilidad técnica y los ajustes presupuestales necesarios para una transición de esta naturaleza, garantizando que el acceso a la justicia no se vea comprometido durante la fase de transición.

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