Presidente del tribunal exige respeto a la independencia judicial en México

Durante la ceremonia de apertura del año judicial celebrada este jueves 24 de septiembre de 2026, el presidente del tribunal, Manuel Baeza, hizo un llamado enérgico a los diversos poderes del Estado para preservar la autonomía de los juzgadores. El magistrado enfatizó que la labor jurisdiccional requiere un entorno libre de presiones externas para garantizar el debido proceso y la impartición de justicia en el país.

Baeza señaló que, en fechas recientes, diversos tribunales han sido objeto de señalamientos públicos que calificó como desmesurados. De acuerdo con el magistrado, este tipo de críticas no solo afectan la percepción ciudadana sobre la labor de los jueces, sino que también pueden comprometer la estabilidad institucional necesaria para el funcionamiento pleno del Poder Judicial en el territorio nacional.

El representante judicial propuso que el diálogo entre las instituciones públicas debe privilegiar el respeto a las competencias constitucionales de cada organismo. Según el equipo de comunicación del tribunal, se busca establecer canales de comunicación institucionales que permitan resolver diferencias de criterio sin incurrir en descalificaciones que erosionen la confianza en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.

El evento contó con la presencia de diversos representantes del sector legal y funcionarios públicos, quienes escucharon la postura del magistrado sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho. La intervención subrayó que la independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia mexicana, instando a los actores políticos a moderar sus expresiones en aras de mantener el equilibrio entre los poderes de la Unión.

Finalmente, Baeza reafirmó el compromiso del tribunal con la transparencia y la rendición de cuentas, siempre bajo el marco de la legalidad vigente. El magistrado concluyó que la legitimidad de los tribunales depende de su capacidad para actuar conforme a derecho, libres de cualquier injerencia o presión política que busque alterar el sentido de las resoluciones judiciales.