Movimiento Ciudadano exige juicio contra el gobernador Rubén Rocha Moya

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano formalizó este domingo una exigencia para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso judicial. Según lo expuesto por el partido, la entidad atraviesa una crisis de seguridad que requiere de una rendición de cuentas inmediata y transparente ante las autoridades competentes para garantizar el estado de derecho.

El posicionamiento del partido político surge en un contexto de creciente tensión social en Sinaloa, donde diversos sectores han cuestionado la capacidad del gobierno estatal para contener la violencia. Los representantes de Movimiento Ciudadano argumentaron que la sociedad sinaloense y el país en su conjunto merecen conocer la verdad sobre los hechos recientes, señalando que la estabilidad del estado se encuentra comprometida.

Esta petición se suma a las recientes declaraciones de figuras internacionales, como el ex titular de la DEA, quien advirtió este mismo día sobre la necesidad urgente de que el mandatario sinaloense rinda cuentas ante la justicia. La presión política sobre la administración estatal se ha intensificado en las últimas horas, buscando que las instituciones federales, incluida la Fiscalía General de la República, profundicen en las investigaciones correspondientes.

Movimiento Ciudadano subrayó que su propuesta no es una medida aislada, sino una respuesta a la demanda ciudadana de justicia y seguridad en el noroeste del país. El partido ha enfatizado que, independientemente de las responsabilidades políticas, cualquier funcionario público debe estar sujeto a la ley si existen elementos que vinculen su gestión con irregularidades o crisis institucionales graves.

Por el momento, el gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta detallada frente a este nuevo llamado de la oposición. Mientras tanto, la presencia de fuerzas federales en la entidad continúa siendo un punto central en el debate sobre la estrategia de seguridad nacional y la coordinación necesaria entre los tres niveles de gobierno para restaurar la paz en la región.