La crisis de gobernabilidad en Sinaloa cuestiona el ejercicio del poder actual
La analista Yessica De Lamadrid cuestiona la distinción entre mandar y gobernar en Sinaloa ante la compleja situación de seguridad que enfrenta el estado.

La analista Yessica De Lamadrid ha puesto sobre la mesa un debate central sobre la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa Sinaloa en este agosto de 2026. A través de sus recientes reflexiones, De Lamadrid cuestiona la capacidad institucional del gobernador Rubén Rocha Moya para ejercer el mando efectivo, planteando una distinción crítica entre la facultad de mandar y la responsabilidad de gobernar en un contexto marcado por la violencia constante.
El análisis sostiene que, mientras el aparato gubernamental mantiene las estructuras administrativas operando, la realidad cotidiana de los ciudadanos sinaloenses sugiere una fractura en la gobernanza. La autora señala que la percepción de que existen actores externos al Estado con capacidad de mando erosiona la legitimidad de las instituciones locales. Este fenómeno pone en duda si la administración estatal cuenta con la autonomía necesaria para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
La controversia surge en un momento donde la presencia de la Guardia Nacional y el despliegue de las fuerzas federales en diversas regiones de la entidad son constantes. A pesar de los esfuerzos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la percepción social sobre la eficacia del gobierno estatal sigue siendo objeto de cuestionamiento por parte de diversos sectores de la sociedad civil y analistas políticos.
De Lamadrid subraya que gobernar implica mucho más que la ocupación formal de un cargo público; requiere la capacidad de imponer el estado de derecho y brindar certidumbre a la población. Para la analista, la situación en Sinaloa se resume en la urgencia de recuperar el control del territorio, ya que la distinción entre quienes ejercen la fuerza fáctica y quienes ostentan el poder político es cada vez más difusa para los habitantes del estado.
Ante este escenario, se espera que el Poder Ejecutivo y las autoridades federales intensifiquen las estrategias de pacificación. Sin embargo, el debate persiste sobre las medidas de fondo necesarias para devolver la paz a las familias sinaloenses y fortalecer la autoridad estatal, superando así la parálisis operativa que, según especialistas, ha caracterizado la administración en el último periodo.
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