Cuestionan uso de vuelos privados por parte de la gobernadora Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta señalamientos públicos tras el uso de aeronaves privadas para traslados oficiales y personales. El debate se centra en la posible vinculación entre los prestadores de estos servicios aéreos y empresas que mantienen contratos vigentes con la administración estatal, una situación que ha puesto bajo la lupa los mecanismos de rendición de cuentas del Ejecutivo local.

Especialistas en transparencia señalan que, aunque se presente documentación sobre el origen privado de los recursos utilizados para financiar los vuelos, la cuestión ética y legal persiste cuando existe una relación comercial entre el dueño de la aeronave y el aparato gubernamental. La normativa vigente exige que toda prestación de servicios a funcionarios públicos se realice bajo esquemas de absoluta claridad, evitando conflictos de interés que puedan comprometer la imparcialidad en la asignación de contratos públicos.

Desde el círculo cercano a la gobernadora, se ha argumentado que los traslados cumplen con la normatividad interna y que el financiamiento de los mismos ha sido cubierto con recursos propios, deslindándose de cualquier irregularidad administrativa. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil insisten en que la exhibición de transferencias bancarias no es suficiente para despejar las dudas sobre la equidad en las contrataciones públicas.

Este escenario abre un debate sobre la necesidad de establecer protocolos más estrictos para los servidores públicos en México respecto al uso de transporte privado. La exigencia ciudadana radica en la separación tajante entre los negocios particulares de los proveedores y la gestión de la gobernadora, buscando evitar cualquier percepción de favores cruzados en el ejercicio del presupuesto estatal durante el presente periodo de gobierno.